El Senador Antonino Morales Toledo aseguró que con la aprobación de las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, se atacará  el financiamiento de grupos criminales, evasores y toda aquella persona que se presta para blanquear dinero.

“No podemos mantener la ley como está porque es un ordenamiento muy poroso que ha permitido a la delincuencia diversificar actividades mediante el uso de la tecnología como el uso de las criptomonedas, buscan huecos en el arte, el sector inmobiliario o las empresas fachadas para financiar actividades delictivas", dijo Nino Morales.

El legislador zapoteco advirtió que el lavado de dinero pone en riesgo el sistema financiero, por eso esta reforma tiene un matiz preventivo, más que de persecución, respeta el secreto bancario y protege los datos personales porque contiene candados específicos para que la Secretaría de Hacienda, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, pueda abrir una investigación.

El senador integrante de la Segunda Comisión de Estudios Legislativos señaló que el país está harto de enterarse de cómo en gobiernos pasados se utilizaron sofisticados entramados para lavar dinero desde el poder, como ocurrió en su mayoría con gobernadores priistas o funcionarios de Acción Nacional.

Por lo que el Senado está en lo correcto al incluir a personajes políticamente expuestos, a fin de tener trazabilidad en el uso del dinero público blanqueado en empresas privadas.

Entre los cambios más relevantes está la ampliación del alcance legal para prevenir el financiamiento al terrorismo, así como la obligación de identificar al beneficiario controlador de las operaciones, lo que permitirá mayor transparencia. También se adopta un enfoque regulatorio basado en el nivel real de riesgo, diferenciando cargas conforme a la naturaleza de cada sector.

Entre las modificaciones, recordó que se amplía el alcance para incluir expresamente la prevención del financiamiento al terrorismo y refuerza la obligación de identificar al beneficiario controlador.

Se asegura la transparencia sobre quien realmente controla o se beneficia de las operaciones, bajo un enfoque basado en riesgo, entre otras.

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